España: 10 GW de centros de datos en 2030 elevarían un 107% el funcionamiento de los ciclos combinados, advierte el Gobierno

El Gobierno de España advierte de que una entrada «abrupta» de los centros de datos en el sistema eléctrico tendría «consecuencias indeseadas» sobre el precio de la electricidad y las emisiones de CO2. La advertencia figura en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto de real decreto sobre requisitos energéticos, ambientales, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de datos, documento citado el jueves por Europa Press y EFE.

Las cifras. La memoria compara un escenario con 10 GW de centros de datos incorporados al sistema en 2030 con otro de 1 GW. En el primer caso, el funcionamiento de las centrales de ciclo combinado de gas aumentaría un 107%, el coste variable total de generación un 200% y las emisiones de CO2 un 65%. Según el documento, los permisos de acceso y conexión ya concedidos superan en más de tres veces las estimaciones más ambiciosas para 2030: más de 12 GW en los últimos seis años, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 estimaba una demanda de computación de 3,5–4 GW a final de la década.

Qué prevé el decreto. Los centros de datos tendrían que cubrir el 80% de su consumo con nueva generación renovable, mediante autoconsumo o contratos PPA de al menos seis años con plantas de no más de 36 meses, y al menos el 80% del consumo de cada hora debería estar respaldado por electricidad renovable de esa misma hora; se permite el almacenamiento. El incumplimiento acarrearía recargos en los peajes de acceso de entre el 10% y el 500%, cuyo importe volvería al sistema eléctrico. Durante un periodo transitorio de cinco años, los operadores pueden adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite desconectarlos.

Reacciones. La asociación SpainDC pide una regulación «proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo»; su directora ejecutiva, Begoña Villacís, afirmó, según EFE, que el documento «está firmando la muerte del sector». La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Consejo de Estado.

Qué sigue. El proyecto se remitió al Consejo de Estado para su dictamen, solicitado con carácter urgente para el 5 de noviembre. Según Europa Press, el Gobierno quiere aprobar el decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre.

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