Canarias: baterías de emergencia de al menos 16 MW para La Palma tras el «cero energético» del 2 de noviembre
El Gobierno de Canarias ha invitado a empresas de almacenamiento a ofertar, por la vía de emergencia, un sistema de baterías de un mínimo de 16 MW y al menos dos horas de autonomía para La Palma. La adjudicación se espera en un mes y la operación en 2027, tras el apagón que dejó sin luz los 50.508 puntos de suministro de la isla.
Redacción de EuroEnergy · España · 2 min de lectura
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias envió el lunes 9 de noviembre, a través de la Dirección General de Energía, invitaciones a empresas especializadas en almacenamiento energético para instalar baterías de emergencia en La Palma. El contrato se adjudica por la vía de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y la adjudicación se espera en el plazo de un mes, según el Ejecutivo regional.
Las cifras. El sistema deberá tener al menos 16 MW y un almacenamiento mínimo de dos horas, en cuatro módulos independientes de 4 MW o en dos de 8 MW. Las baterías actuarían de forma automática ante caídas de grupos de generación y acelerarían la reposición del suministro gracias a su capacidad de arranque autónomo. El objetivo es que funcionen a lo largo de 2027, tras las autorizaciones, el montaje y la puesta en servicio.
Contexto. El 2 de noviembre, un «cero energético» dejó sin suministro los 50.508 puntos de la isla. El 4 de noviembre, según Endesa, la desconexión de varios grupos de la central de Los Guinchos afectó a otros 13.740 suministros durante 22 minutos. El Ministerio para la Transición Ecológica no admitió las baterías como recurso de emergencia en los sistemas insulares hasta el 30 de junio de 2026; entonces se fijó que el Ministerio financiaría el 25 % del coste y la comunidad autónoma el 75 %.
Próximos pasos. El Gobierno canario subraya que las baterías no sustituyen las inversiones pendientes: la renovación de los grupos de Los Guinchos, la nueva subestación de Las Breñas y una segunda línea de transporte al Valle de Aridane. En el primer concurso estatal de generación convencional, Endesa renunció a los cinco motores que se le habían asignado provisionalmente; para el segundo, el Ejecutivo regional reclama 64 MW para La Palma, frente a los 52 MW propuestos por el Ministerio.
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