Moldavia aprueba la ley de comunidades energéticas: asociaciones sin ánimo de lucro, y las existentes tienen 24 meses para reorganizarse

El Parlamento de la República de Moldavia aprobó el jueves 5 de noviembre, en segunda lectura, el proyecto de ley de comunidades energéticas elaborado por el Ministerio de Energía, según el comunicado del Parlamento recogido por la agencia Moldpres. La ley fija reglas para la constitución y el registro de grupos de ciudadanos, autoridades locales y empresas que quieran producir, consumir, almacenar y gestionar energía de forma conjunta, también de fuentes renovables.

Qué se ha decidido. La comunidad energética adoptará la forma de una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es aportar beneficios ambientales, económicos o sociales a sus miembros y a la localidad en la que actúa. La ley precisa las condiciones de constitución, las categorías de fundadores, los documentos obligatorios y el contenido de los estatutos. Podrán ser miembros personas físicas, autoridades de la administración pública local, empresas municipales, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas.

El dinero de la comunidad. Los bienes y los ingresos solo pueden destinarse a los objetivos de los estatutos, y los beneficios no se reparten entre los miembros, sino que se reinvierten en la comunidad. Las autoridades locales que sean miembros podrán ceder a la comunidad el uso de edificios e infraestructuras energéticas de su propiedad. Según el portal Agrobook, tras el registro la comunidad podrá pedir a la Agencia Nacional de Regulación en Energía (ANRE) el reconocimiento como comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía, y las decisiones se tomarán según el principio «un miembro, un voto».

Qué viene ahora. La ley entra en vigor un mes después de su publicación en el boletín oficial Monitorul Oficial. Las personas jurídicas que ya tienen la condición de comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía disponen de 24 meses para transformarse en comunidades reguladas por la nueva ley, con la asunción íntegra de derechos y obligaciones. El proyecto se preparó con el apoyo consultivo del PNUD en Moldavia, en un programa financiado por Noruega y Suecia.

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