Letonia quiere garantías sin tope para reservar red: los consumidores piden conexiones por 3.229 MW

La Comisión de Regulación de Servicios Públicos de Letonia (SPRK) ha abierto una consulta pública sobre el cambio de la metodología de cálculo de la garantía que pagan quienes reservan capacidad en la red eléctrica. El objetivo, según el regulador, es usar con más eficiencia la capacidad de transporte disponible y evitar reservas injustificadas para proyectos de ejecución incierta.

Qué se propone. Para los clientes finales conectados a la red de transporte desaparecería el tope de 100 MW: la garantía se calcularía sobre toda la capacidad de los requisitos técnicos, y para solicitudes de hasta 100 MW el importe se mantiene. Para productores y operadores de almacenamiento conectados a la red de transporte el tope de 100 MW se conserva, pero la garantía debería pagarse en los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato de conexión, momento en que se reserva la capacidad según las normas vigentes desde el 1 de mayo de 2026.

Las cifras. Según el operador de transporte Augstsprieguma tīkls (AST), la capacidad total solicitada por los clientes finales para nuevas conexiones a la red de transporte era de 3.229 MW en octubre de 2026, y algunas solicitudes alcanzan varios cientos o incluso miles de MW. La presidenta del consejo de la SPRK afirmó que debe evitarse que se reserven cientos de megavatios para proyectos con perspectivas poco claras.

Contexto. La metodología actual, aprobada por la SPRK en octubre de 2025 y vigente desde el 10 de noviembre de 2025, limita la garantía al importe calculado para 100 MW y exige el pago en 60 días desde la emisión de los requisitos técnicos. El plazo de 60 días se mantiene para los clientes finales conectados al transporte y para productores y operadores de almacenamiento conectados a la distribución. El método de cálculo y las formas de garantía, depósito en efectivo o aval de una entidad financiera, no cambian.

Próximos pasos. Las observaciones pueden enviarse hasta el 20 de noviembre de 2026 y los cambios entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.

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