Islandia: un ingeniero energético, exconsejero de Landsvirkjun, presidirá el comité que clasifica las futuras centrales

El Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia anunció el 3 de noviembre que Gunnar Tryggvason ha sido nombrado presidente del comité de dirección de la 6.ª fase de la Rammaáætlun, el plan marco para la protección de la naturaleza y el aprovechamiento energético. Sustituye a Svanfríður Jónasdóttir.

Quién es. Según el ministerio, Gunnar Tryggvason es ingeniero eléctrico especializado en energía, con un máster por la Universidad de Karlsruhe y una licenciatura por la Universidad de Islandia, y tiene décadas de experiencia en el sector energético, entre otras cosas en la industria del aluminio y en asesoría financiera para el sector. Fue miembro del consejo de Landsvirkjun durante siete años y actualmente es director de los puertos de Faxaflóahafnir.

El papel del comité. El comité asesora al ministro de Medio Ambiente, Energía y Clima sobre la protección y el uso energético de zonas del territorio. Sus seis miembros fueron nombrados en el verano de 2025. Según la descripción del proceso, el comité propone clasificar los proyectos en las categorías de aprovechamiento, espera o protección, y el ministro presenta la propuesta al Parlamento.

El debate. El nombramiento se produce después de que la Cámara de Comercio de Islandia (Viðskiptaráð) publicara el 29 de octubre el análisis «Kraftur í kortunum», que propone suprimir la Rammaáætlun y fijar un objetivo oficial de duplicar la producción eléctrica hasta 2040. Según el análisis, unos 150 proyectos evaluados en el marco del plan podrían producir más de 80 TWh al año, frente a los 18,8 TWh generados en 2025, mientras que la producción está estancada desde 2017; la central hidroeléctrica de Hvammsvirkjun entrará en servicio 32 años después de su primera evaluación. El escritor Andri Snær Magnason criticó duramente el informe, que calificó de lleno de errores, mientras que el economista de la Cámara, Ragnar Sigurður Kristjánsson, dijo a Vísir que las leyes de protección de la naturaleza y de ordenación del territorio ofrecen garantías suficientes.

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